Por:
Natalia Brito
“El
sistema de gobierno más perfecto es el
que
produce mayor suma de seguridad social”.
Simón Bolívar.
Mientras
organismos internacionales de salud como la OMS, recomiendan que el gasto en
salud sea alrededor del 8% del PIB, en nuestro país el presupuesto aprobado por
el Congreso de la Unión para el año 2003 es austero, con una reducción
sensible en salud. Así el gobierno mexicano, por gestión de su Secretario de
Hacienda Gil Díaz, demuestra que sigue cumpliendo con las exigencias de los
inversionistas nacionales y extranjeros especializados en salud, instrumentando
recortes presupuestales en instituciones de la seguridad social como el IMSS y
la SSA entre otras.
Mucho
han hablado funcionarios del ramo de la crisis y descapitalización por la que
atraviesa el sistema de salud pública, así como la tan sonada ineficacia de
los servicios, pero el objetivo del gobierno es implementar las políticas
dictadas por el Banco Mundial (BM) que recomienda, entre otras acciones,
permitir la participación de la iniciativa privada en los servicios de salud,
sugiere privatizar en primera instancia, los servicios de limpieza, abasto y
seguridad; y en una fase posterior, la atención médica.
Planteando,
como una de las opciones, que los particulares se incorporen a la prestación de
servicios médicos, lo que consiste en establecer un modelo de concesión
(subrogación), de modo que algunas actividades clínicas pudieran otorgarse a
los pacientes en “instituciones privadas de alta calidad”. Para esto se
tienen que incluir por lo menos tres objetivos: Lograr el acceso universal a los
servicios médicos; terminar con la fragmentación de las instituciones e
impulsar la participación de la iniciativa privada en el sector.
Como
vemos, el BM propone establecer más reformas al sistema de salud para seguir
engordando a empresas y capitales privados, no para mejorar nuestro sistema de
seguridad social, ni la infraestructura hospitalaria. El gobierno foxista solo
viene alineándose a los mandatos de organismos como el FMI y la BM, devastando
nuestras instituciones de salud, para así justificar a la larga su privatización,
hoy es conocido que su administración encargó a la empresa JB Consulting, un
proyecto para evaluar la viabilidad de la privatización de los servicios públicos
de salud mediante un esquema denominado “subsidios a la demanda”. Otra de las “medidas certeras”
para “sacar a flote” al sector salud.
Según
Julio Frenk, Secretario de Salud, el seguro popular, es un sistema de prepago
para poder acceder a los servicios de médicos.
Actualmente
ha entrado al Senado una iniciativa impulsada por Julio Frenk y Fauzi Hamdan,
para reformar La ley General de Salud, pretenden con ello legalizar el Seguro
Popular y “garantizar” que la protección social en salud sea entendida como
los servicios esenciales, esto es, un paquete básico de salud; preventivos
dotados de magra capacidad curativa.
La
iniciativa Frenk-Hamdan, va en detrimento de la salud de la mayoría de la
población, contraviene la Carta Magna y atenta contra los derechos de los
pacientes y médicos como ya lo manifestó La Asamblea del Colegio Médico de México.
Mientras
Fox maneja su campaña a favor de los avances del Seguro Popular, para los
profesionales de la medicina ha resultado un fracaso en los cinco estados en los
que arrancó como programa piloto. Además, en la iniciativa que Santiago Levy
manda al Congreso de la Unión, plantea como probables líneas de reforma las
siguientes:
v
Incrementar gradualmente la edad de jubilación de los derechohabientes
pasando de 65 a 70 años
v
Se quiere implantar una cuota de co-pago contra la entrega de
medicamentos
v
Se pretende incrementar las primas para el financiamiento de los
diferentes seguros
v
Pretenden lesionar los derechos de los propios trabajadores de las
instituciones de salud pública al pretender renegociar las prestaciones en
materia de jubilación, sin importarles claro, que son derechos laborales que
han costado 60 años de lucha y esfuerzo. Por otro lado, al aumentar la edad de
retiro de los trabajadores impacta sus derechos laborales
En el caso del co-pago, contemplan la posibilidad de que el
derechohabiente pague una cantidad aproximada de $20 pesos por receta surtida
por el IMSS y sólo después de la tercera receta, se suprima el pago al
considerarla como la prevalecía de una enfermedad.
Vemos que ha 60 años de la creación del IMSS, la crisis es brutal.
Debemos considerar que el 50% de la población mexicana es derechohabiente de la
institución. Debemos defender nuestro derecho a la salud, y defender la
Seguridad Social con todas las instituciones públicas que aún existen. No
podemos permitir ninguna negociación que lesione los derechos ganados de los
trabajadores.